Educación y raza en los USA
Por su interés, reproduzco el artículo de Jeffrey Rosen publicada en la Gaceta de los negocios de ayer lunes, en el suplemento legal y fiscal.
Educación: el dilema de la raza.
EL 28 de junio de 2007, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos clausuró el año judicial con una polémica decisión, resucitando un antiguo y agudo debate en el seno de la sociedad americana. Por una mayoría de cinco votos, los magistrados de Washington declararon inconstitucional un programa de integración racial implementado por las autoridades educativas de Seattle y Louisville. Siguiendo una práctica común en el resto de la nación, algunas escuelas y colegios de dichas circunscripciones adoptaron un modelo de admisión basado en el perfil racial de los aspirantes. El objetivo de tales medidas radicaba en lograr una mejor distribución de las minorías étnicas en los establecimientos de enseñanza del sector. Para quienes defienden esta clase de programas, el pronunciamiento del Supremo no ha hecho más que echar por tierra los avances históricos en la lucha contra la segregación en el sistema educativo americano.
La demanda fue planteada por el grupo Parents Involved in Community Schools, una organización comprometida con la defensa de los padres de alumnos que han sido rechazados en las escuelas distritales por causa de su raza. Dicha asociación fue creada como respuesta a la proliferación de casos de estudiantes que no habían podido ingresar en los institutos más convenientes a sus intereses académicos, únicamente por su perfil racial. Los demandantes ampararon su acción en la Cláusula de Igual Protección (Equal Protection Clause), contenida en la decimocuarta enmienda de la Constitución. La pretensión de dicho colectivo era evitar que sus hijos se vean "forzados a competir por un puesto en los establecimientos educativos locales, en un sistema que utiliza la raza como factor determinante para su admisión".
El Supremo consideró que la medida debía ser minuciosamente analizada por la Justicia. De acuerdo a la mayoría del alto tribunal, el case law sobre la materia exige que siempre que el gobierno distribuye cargas o beneficios en base a diferencias raciales individuales, dicha actuación debe ser sometida a un estricto escrutinio (strict scrutiny). "Las clasificaciones raciales son, sencillamente, demasiado perniciosas, por lo que se debe exigir una detallada y minuciosa justificación a esta clase de prácticas", señaló el magistrado John Roberts, portavoz de la mayoría. Siguiendo este razonamiento, los poderes públicos han de emplear el criterio racial únicamente en aquello estrictamente necesario, si de cumplir con una determinada finalidad social se trata. Según el Tribunal Supremo, en este caso concreto, el objetivo primordial de los programas escolares analizados -procurar la pluralidad adecuada en los centros de educación primaria y secundaria- podría ser alcanzado mediante otras medidas "menos sospechosas". En consecuencia, los jueces supremos determinaron que la decimocuarta enmienda constitucional no permite el empleo de un método de clasificación tan simplista como el utilizado, que divide a los estudiantes en dos únicas categorías: whites y nonwhites.
Desde la disidencia, el magistrado Stephen G. Breyer señaló de forma categórica que este fallo contradice abiertamente el histórico precedente del caso Brown v. Board of Education, que en 1954 eliminó la separación de los estudiantes por motivos raciales. Para muchos, la sentencia Brown marcó el fin de la segregación en los establecimientos educativos de los Estados Unidos. No obstante, otros señalan que la impronta histórica de esa célebre sentencia no se dejó sentir hasta que el gobierno adoptó medidas concretas para favorecer el ingreso de personas de color en los institutos públicos de enseñanza. Para los sectores más progresistas, no basta con una sociedad sin discriminación de iure, sino que es preciso adoptar políticas que promuevan una "presencia balanceada" de razas en los distritos escolares. Los detractores de esta sentencia sostienen que los programas sociales de integración que diferencian a los alumnos en base a su perfil racial -como el abolido por el tribunal- constituyen un mal menor, una acción del gobierno completamente necesaria para alcanzar la armonía que precisa una sociedad plural. En esta ocasión, ha prevalecido claramente la cosmovisión del sector conservador del Tribunal Supremo. Para los cinco magistrados que respaldaron la sentencia, la separación de estudiantes en base a su raza no es la mejor manera de lograr la plena igualdad de los distintos grupos sociales, ni mucho menos su integración. "Aceptar la búsqueda del balance racial como interés público, significaría justificar la imposición de determinados niveles de proporcionalidad racial en la sociedad americana", señaló tajantemente la mayoría del tribunal. "Todo ello contradice el mandato constitucional de la decimocuarta enmienda, que exige tratar a los ciudadanos como individuos, no como meros componentes de una determinada clase racial, religiosa, sexual o nacional". Los nueve de Washington, una vez más, han puesto el dedo sobre una llaga que, pese a los años, se niega a cicatrizar.
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Sobre un caso similar léase lo que escribió Hanna Arendt en su artículo "Little Rock" consideraciones heréticas sobre la cuestión de los negros y la "equality" disponible en inglés aquí, y en castellano en el libro "tiempos presentes" de la editorial gedisa.
1 comentarios:
¿Que pasaria si para atender esa demanda de blancos discriminados , se crean colegios especiales para esta minoria blanca donde no se admitan otras?
¿Es decir un guetto para blancos?
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