En gestión y agilidad el Estado supera al mercado

Veintitrés años sin pagar el crédito de una vivienda adquirida en propiedad. Es el 'récord' que aparece en el listado de 31 morosos a los que el Gobierno vasco ha enviado requerimientos de pago por no haber devuelto un céntimo de los préstamos a largo plazo que les concedió entre 1987 y 2003 para comprar pisos sociales por menos de 40.000 euros.

De esos morosos contumaces, una decena acumula diez años o más de cuotas mensuales sin haber hecho siquiera ademán de empezar a pagar las viviendas sociales que les entregaron en el Ejecutivo, más baratas que las de protección oficial (VPO). No obstante, más difícil de entender es que, en todo ese tiempo, el Gobierno de Vitoria tampoco haya hecho nada por recuperar el préstamo, aparte de enviar cartas a los interesados cada cierto tiempo.

A mi, no se me hace difícil de entender. El Estado sólo reclama AHORA por una razón.

El fraude, que afecta a 120 inmuebles en Vizcaya, 73 en Guipúzcoa y 18 en Álava, ha salido a la luz debido a las penurias presupuestarias de la Administración vasca, que han obligado al actual Gobierno de Patxi López a buscar recursos debajo de las piedras.

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