Óptica Libre

ANTECEDENTES (Méjico, siglo XX)
En 1917 tras la victoria de Carranza y Obregón se promulga de la nueva Constitución, la cual establece una política de intolerancia religiosa y privó a la Iglesia de toda personalidad jurídica, entre sus puntos están: la prohibición de los votos religiosos, la prohibición a la Iglesia para poseer bienes raíces. Pero la nueva Constitución fue más lejos, se prohibió el culto público fuera de las dependencias eclesiásticas, a la vez que el Estado decidiría el número de iglesias y de sacerdotes que habría; se negó al clero el derecho de votar, a la prensa religiosa se le prohibió tocar temas relacionados con asuntos públicos, se señaló la educación primaria como laica y secular, y las corporaciones religiosas y los ministros de cultos estarían impedidos para establecer o dirigir escuelas primarias.
Los católicos no ofrecieron una respuesta violenta cuando la Constitución entró en vigor, y se optó por iniciar una lucha pacífica para modificar aquellas partes que les afectaban directamente.

Durante el gobierno del general Álvaro Obregón (1920-1924), las relaciones entre la Iglesia y el nuevo Estado revolucionario estuvieron marcadas por una creciente tensión y la imposibilidad de llegar a un acuerdo que beneficiara a para ambas partes. Los choques entre los miembros de la CROM, fuerte organización sindical apoyada por el Gobierno, y miembros de la Acción Católica de la Juventud Mexicana (ACJM) se convirtieron en protagonistas de las noticias. Fue hasta enero de 1923, cuando el delegado apostólico del Vaticano, monseñor Ernesto Philipi, acudió a bendecir el Cerro del Cubilete (en Silao, Guanajuato) donde sería puesto el monumento a Cristo Rey. El gobierno del general Obregón interpretó tal acto como un abierto desafío a la autoridad y un ataque a la Constitución y acordó que se aplicara a Philipi la sanción del artículo 33 de la Constitución, obligándosele a abandonar el país.

Después de la toma de la Presidencia por parte del general Plutarco Elías Calles, las relaciones entre el gobierno y los católicos fueron todavía peores, ya que Calles pensaba que un católico no podía ser un buen ciudadano ya que su primera lealtad es con Roma. Calles proponía un nacionalismo nuevo, en el cual los ciudadanos no deberían lealtad a nadie más que al propio Estado. El gobierno de Calles intentaba crear una iglesia nacional. El 21 de febrero de 1925, se crea con apoyo de la CROM la Iglesia Católica Apostólica Mexicana (ICAM), encabezada por el sacerdote renegado Joaquín Pérez. Este hecho significaba una división dentro del catolicismo pues la ICAM proponía seguir la misma doctrina católica pero sin relación alguna con el Papa, por lo que quedaba como líder el mismo Pérez en calidad de Patriarca, este grupo se apoderó del templo de la Soledad para establecerse ahí esperando que la gente los apoyara; pero en este intento fallaron ya que la parroquia fue recuperada el día 23 por el pueblo, este hecho de querer dividir por la fuerza a la Iglesia hizo que un gran número de católicos se movilizaran para defender las iglesias.

El 4 de febrero de 1926, el diario El Universal publicó una entrevista con el arzobispo de México, José Mora y del Río, quien rechazaba el anticlericalismo de la Constitución. Esto aceleró la ruptura entre el Estado y la Iglesia. José Mora fue detenido, las autoridades del Vaticano aconsejaron a los católicos que se abstuvieran de participar en la política. Calles consideró las declaraciones del Arzobispo Mora como una ofensa y un reto al gobierno y ordenó al Congreso reglamentar el artículo 130. De tal modo que la reglamentación de este artículo fue conocido como la Ley Calles, que mandaba la clausura de escuelas religiosas y la expulsión de sacerdotes extranjeros, y se limitaba el número de los nacionales a uno por cada seis mil habitantes.
Los sacerdotes debían registrarse ante las autoridades municipales, quienes estaban facultadas para otorgar las licencias para ejercer. Asimismo, se sancionaba todo tipo de educación religiosa. Los obispos, avalados por Roma, acordaron suspender sus cultos, como forma de protesta, desde el 1 de Agosto de 1926, día que entraría en vigor la Ley de Calles. Ante esto, un gran número de gente se congregó en las iglesias un día antes para celebrar bautizos y matrimonios, antes de que los cultos se suspendieran.
A partir de esa fecha, las casas se convirtieron en oratorios, mientras el gobierno clausuraba templos, capillas particulares, conventos y escuelas religiosas en todo el país. Ante ello, el Papa Pío XI autorizó a los sacerdotes llevar a cabo una liturgia breve para la misa y celebrar en cualquier lugar y aún sin vestimentas litúrgicas.
En respuesta a la Ley de Calles, los católicos presentaron ante el Congreso una demanda de reforma constitucional, con dos millones de firmas, la cual fue rechazada. Los católicos llamaron y realizaron un boicot para no pagar impuestos, minimizar el consumo de productos ofrecidos por el Gobierno, no comprar lotería, ni utilizar vehículos a fin de no comprar gasolina. Esto causó daños a la economía nacional.

LA GUERRA

Los alzamientos comenzaron en Jalisco, Zacatecas, Guanajuato y Michoacán, luego se sumó casi la totalidad del centro del país. El conflicto tuvo un carácter fundamentalmente rural. Hacia 1927 las fuerzas cristeras se calculan en torno a 12 000 hombres y hacia 1929 en torno a 20 000.
En 1928, el ex presidente Álvaro Obregón contendió contra Calles en las elecciones presidenciales y lo derrotó. Se decía que Obregón llegaría a un acuerdo para acabar con la guerra, sin embargo fue asesinado por el extremista católico José de León Toral. Al llegar a la presidencia interina Emilio Portes Gil, comenzó una larga negociación, en la que participó como mediador, el recién llegado embajador estadounidense Dwight Morrow. Se logró a un acuerdo de amnistía general para todos los levantados en armas que quisieran rendirse, que se devolvieran las casas curales y episcopales, y que de alguna manera se garantizara la estabilidad de estas devoluciones. La Liga y los cristeros no aceptaron este acuerdo, así que de unas 50 mil personas en combate sólo 14 mil depusieron las armas.

El 20 de Junio de 1929 Mons. Leopoldo Ruiz y Flores, y Mons. Pascual Díaz, delegados del Nuncio de Su Santidad, firmaron un “arreglo” con el Presidente de México Portes Gil por el cual éste aceptaba la reanudación del culto “dentro de las leyes vigentes” es decir, que se ratificaban todas las leyes laicistas y persecutorias de la Iglesia. El “arreglo” no incluía ninguna estipulación escrita sobre la suerte de los cristeros que estaban luchando contra el gobierno. Como premio por esta negociación, Mons. Pascual Díaz fue designado Arzobispo de México. Inmediatamente los obispos ordenaron a sus sacerdotes que retornaran a las zonas cristera para anunciar que la continuación de la guerra carecía ahora de sentido.

Desde ayer Rafael Guizar uno de los obispos más perseguidos durante la guerra cristera es declarado santo por la Iglesia católica.

El martes me fusilan, corrido mejicano de temática cristera.