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41 religiosos se afilian al Partido de la Libertad Individual

«Como creyentes, creemos que quien ha sido libre para vivir su propia vida, debe también poder decidir morir».
«La vida debe ser respetada siempre y sin condiciones, mientras en la conciencia, en la dignidad y en la fortaleza para sostenerla siga siendo vida humana.»
«La decisión de poner fin a una apariencia de existencia corresponde exclusivamente a la persona interesada, que tiene derecho a exponerla de antemano en un testamento, o bien a la familia de acuerdo con el médico, que actúa con ciencia y conciencia».


Los religiosos que afirmaban estas cosas ante el caso de Eluana, se encuentran en problemas. Nunca es tarde si la dicha llega.

Eutanasia, de supuesta nada.

Ocurrió en el hospital comarcal de Mora d¨Ebre, Tarragona. El doctor Marcos A.H.G. inyecta 60 miligramos de cloruro potásico en la vena de la paciente. Sabe que su efecto lleva a la muerte. Pero antes de dar el paso, y a petición de la familia de la enferma, una anciana de 82 años, aquejada de diversas afecciones que causaron un deterioro progresivo -e irreversible- de su salud, el médico le suministra un tratamiento de sedación terminal para apaciguarle el inhumano dolor que sufre la mujer. Y no sólo eso: en el historial clínico Marcos hace constar la dosis y el producto. También lo explica.

El director del centro lo denuncia. El fiscal pide, en principio, 10 años de cárcel para el galeno. Se le acusa de ayudar a morir a una enferma terminal. Los 60 miligramos de cloruro potásico lo condenan. El pasado martes hubo juicio en la Audiencia de Tarragona. Un año de prisión para el doctor acordaron pedir el fiscal y la defensa. El caso, revelador de una práctica que muchos amigos admiten como habitual, ha quedado visto para sentencia. Aunque el galeno Marcos, por no tener antecedentes, no verá la cárcel. La historia rezuma hipocresía. No digo que el director del hospital, haciendo uso de la norma, no lleve razón. De lo que yo hablo es de la sinrazón de las leyes, de ese comportamiento político que acostumbra a mirar para otro lado cuando la realidad estorba para lograr otros objetivos.

Al ministro de Sanidad, Bernat Soria, debería de hacerle pensar el caso de Tarragona y otros muchos del igual calado que a diario se dan por todo el país. El doctor Marcos lo hizo y no lo escondió. Lo dejó escrito. Fue valiente. Tanto los familiares de la enferma como la propia paciente le había pedido reiteradamente que pusiera fin a un sufrimiento insostenible para la vida e insoportable para quien lo padecía. Aquella mujer ya no tenía retorno cuando los 60 miligramos de cloruro potásico entraron en sus venas agotadas. 60 miligramos que la llevaron más rápido hacia el merecido descanso. De practicar una supuesta eutanasia fue señalado el médico. Casi nada. O nada.

Porque en España, digan lo que digan en el Parlamento, tanto el Gobierno del PSOE como la oposición del PP y demás grupos, la omertá sobre determinados temas en los que la salud se mezcla peligrosamente con la moral y no con la ciencia, es unánime. De vergüenza. Haz lo que yo digo, pero no hagas lo que yo hago, reza un dicho del norte. Según la Fiscalía, Marcos "aprovechó el estado de inconsciencia" de la mujer "para suministrarle por vía intravenosa 60 miligramos de cloruro potásico a sabiendas del efecto letal de esta sustancia". Se aprovechó de la inconsciencia una persona terminal que además era presa del dolor. Que no había esperanza alguna de recuperación para ella.. Que a sus hijos ya sólo les quedaba rezar para que su madre se fuera en paz. Y dice el fiscal que el médico que la ayudó a morir se aprovechó de su estado de inconsciencia. Juguemos, como ciudadanos, al que juzga. ¿Usted que dice, lector?

Ja me maten

No tiene ni p. la gracia las andanzas del ¿doctor? Montes (alias Mengele).

Un caso ilustra una forma de entender la profesión.


El caso de Inés, de 85 años [historial clínico 526.843] resume el alcance de las "malas prácticas médicas" detectadas por el Colegio de Médicos en el Servicio de Urgencias del hospital Severo Ochoa. Era una "paciente no terminal" que, "ante un ictus y un cuadro infeccioso", recibió "sedación sin indicación de tratamiento de ningún síntoma refractario y sin agotar el tratamiento indicado activo".

La anciana pudo ser salvada por un equipo médico distinto que, al cambiar el turno de guardia en el Servicio de Urgencias, detectó la "excesiva" –siempre, según el informe pericial del Colegio de Médicos– sedación que se le había administrado y se la retiró inmediatamente. La mujer vivió sin morfina durante 30 horas, hasta que, al entrar el equipo médico anterior, en un nuevo cambio de turno, se le volvió administrar la sedación, esta vez con una dosis aún mayor: 200 miligramos de Tranxilium más 50 de morfina. Inés falleció a la media hora.