Óptica Libre

La Administración pública es el mayor moroso de España y, pese a la entrada en vigor en junio de 2010 de la Ley de Morosidad (Ley 15/2010), la situación tiene pocos visos de mejorar. Mientras las empresas privadas han reducido el tiempo real de pago de sus facturas de 101 días a 93, la Administración Pública ha aumentado este periodo de 154 a 157 días.

El gran problema en España es que la mentalidad de retrasarse en el pago está muy arraigada, y el pagar tarde no tiene consecuencias. "Nosotros ya advertimos que el gran problema es que la Ley no tienen ningún efecto sancionador", señala Barón. "Al final, los restrasos en los pagos son la forma más barata de financiarse a interés cero. Podría ser considerado competencia desleal con el sistema financiero", explica.

Si la Ley no impone un criterio sancionador, tampoco lo hacen las empresas, que deberían exigir el pago de intereses de forma automática, como indica la legislación europea. Según los resultados de la encuesta, un 48% de las empresas nunca reclama los intereses por retraso, mientras que un 30% no lo hace casi nunca. "Esto contrasta con el resto del panorama europeo, donde el cobro de intereses es algo automático", señala Barón.